Los servicios aeroportuarios en la República Dominicana han evolucionado desde la infraestructura básica que sustenta el transporte aéreo hasta los servicios públicos esenciales entrelazados con el comercio internacional, la seguridad y la migración. El marco legal que rige estos servicios es complejo y en parte anticuado.

La República Dominicana exige que las personas físicas y jurídicas se registren en el Registro Especial, administrado por INDOTEL, antes de ofrecer ciertos servicios de telecomunicaciones que no necesitan una concesión formal, pero que deben cumplir con los estándares regulatorios. Este registro garantiza un control ordenado y la calidad del servicio.

La Ley 57-23 de la República Dominicana, que entró en vigor el 6 de octubre de 2023, introduce incentivos fiscales para la aviación comercial a fin de impulsar el desarrollo económico. Ofrece exenciones y reducciones de impuestos para los operadores aéreos nacionales y extranjeros, con el objetivo de aumentar el turismo.

Destaca la posición geográfica estratégica del país, la infraestructura moderna y el régimen tributario favorable, que lo convierten en un centro ideal para el comercio internacional. La guía enfatiza el papel de los centros logísticos en la optimización de las cadenas de suministro y la reducción de los costos operativos.

El sector de la aviación civil en la República Dominicana está creciendo a un ritmo del 4,3% anual, con más de 300 operaciones diarias y unas 9.000 mensuales. Esto representa una oportunidad importante para las aerolíneas que buscan expandir sus operaciones en un mercado en crecimiento.

Cada día, miles de embarcaciones y buques de distintas partes del mundo navegan transportando mercancía e insumos para el desarrollo del comercio y las industrias, al igual que las embarcaciones para el transporte de pasajeros, buques científicos, entre otros.

Los exportadores multinacionales a América Latina, incluida la República Dominicana, deben cumplir con las leyes de protección al consumidor (Ley 385 de 2005 y Decreto 236-08). La normativa exige la retirada inmediata de los productos defectuosos, con sanciones en caso de incumplimiento.